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La Justicia ordenó a la Provincia suspender el tarifazo eléctrico

13/07/2017 07:59 |  Fue porque no se llamó a audiencia pública. La Dpec deberá retrotraer el cuadro de cobro de inmediato. Ayer notificaron a las partes.

 La Justicia suspendió el tarifazo de la Dpec dispuesto a principio de año y además ordenó que no se interrumpa el servicio en el domicilio de los usuarios por falta de pago del consumo correspondiente a febrero y marzo de 2017, hasta tanto no se remita una nueva facturación de esos períodos, conforme el régimen anterior.

La medida que tendrá vigencia hasta que exista sentencia firme en esta causa, fue notificada a la Dpec este miércoles, bajo apercibimiento de ley. La Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes (impulsora de la acción) cuestionó la falta de realización de una audiencia pública, puesto que la que tuvo lugar en el municipio de Santa Rosa el 22 de marzo pasado, no correspondía al expediente administrativo.

La entidad sostuvo que se generaron “valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose en arbitrarios y manifiestamente ilegales”. En el fallo, la jueza en lo Contencioso María Belén Güemes, indicó que desde la Dpec “establecieron nuevos valores tarifarios sin que haya existido ningún tipo de participación de los usuarios y consumidores ni de las asociaciones que los nuclean. No surge que se haya realizado la correspondiente audiencia pública que exige en forma expresa y contundente la ley 6073 en su artículo 21”.

Añadió que “cualquiera sea la variable que se haya tenido en cuenta para modificar el cuadro tarifario, al tratarse de un aumento del monto a pagar por los usuarios por el servicio público prestado es evidente que nos encontramos ante una nueva tarifa. U

na nueva tarifa requiere la necesaria participación de los usuarios, prevista tanto constitucionalmente (art. 48 Constitución Provincial) como legislativamente (art. 21 ley 6073). Entonces, al aparecer un vicio en el procedimiento previo por falta de audiencia pública (arts. 42 CN y 48 Const. Pcial.)”. Además, la jueza señaló que el cuadro tarifario cuestionado se refería también a períodos de consumo anteriores a su aprobación (febrero y marzo de 2017), por lo que aparecía violentando el principio de irretroactividad de las tarifas.

Finalmente la doctora Güemes expresó que la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituía un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información “adecuada y veraz” tendiente al respeto de los principios de publicidad y certeza de la tarifa, para permitir a los usuarios graduar su consumo con conocimiento previo de los aumentos que rijan y, especialmente, para revestir de la necesaria legitimidad democrática a la decisión.